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Economía y Finanzas desde el Corazón de la Mancha

La economía y el 20-D: ¿Agenda para una recuperación justa?

sanchez La economía y el 20 D: ¿Agenda para una recuperación justa?

En las últimas semanas todos los partidos que se presentan a las próximas elecciones generales están presentando sus propuestas en materia de política económica. Como ya hemos hecho en otras ocasiones, nos ha parecido una buena oportunidad presentarlas y analizar las repercusiones que tendrían estas iniciativas. Para comenzar esta serie de artículos donde analizaremos las propuestas de los principales partidos hemos decidido analizar el programa económico del PSOE o como ellos han denominado “la agenda para una recuperación justa”.

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Unos presupuestos irreales

montoro 0 300x200 Unos presupuestos irreales

Mucha polémica ha creado la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Desde la oposición al Gobierno, se aduce que se debería haber pospuesto dicha elaboración hasta después de las elecciones generales para dar margen al nuevo gobierno.

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¿Qué es el Quantitative Easing?

mario draghi2 300x200 ¿Qué es el Quantitative Easing?

Recientemente el BCE ha anunciado una medida no convencional de política monetaria conocida como Quantitative Easing que pretende ayudar a espantar el fantasma del riesgo deflacionista en la economía europea. Esta medida consiste fundamentalmente en establecer un plan por el que un banco central se compromete a introducir dinero nuevo en la economía a través de compras de activos. En el caso del BCE el plan consiste en dotar 60.000 millones mensuales desde marzo a la compra de deuda soberana.

Con esta decisión se busca que los bancos convencionales en lugar de dedicar sus activos a la compra de bonos de deuda pública los dediquen a prestarlos a empresas y particulares. De este modo, se produce un efecto estimulante en la economía, ya que si los bancos deciden abrir el grifo del crédito los particulares se animarán a consumir y las empresas a invertir. Consecuencia de todo ello, sobre el papel, sería que la economía se reactivaría y se comenzaría a crear empleo.

No obstante, aunque teóricamente con este mecanismo de política económica se puede ayudar a impulsar a la economía, el principal objetivo que tiene el BCE es otro. Como aseguran sus estatutos la principal función del BCE es la estabilidad de los precios y como la inflación europea está próxima a cero, el gobernador ha optado por una política menos ortodoxa para lograr tasas próximas al 2 % .

Y es que como decimos esta medida tiene un efecto seguro, ya que al existir dinero nuevo en la economía los precios se incrementarán. Además otra consecuencia es que al circular más billetes del euro en la economía, el tipo de cambio frente a otras divisas se depreciará. Este último punto es positivo para economías como la española que necesitan mejorar su competitividad. Si el euro se abarata los productos españoles se harán más atractivos para el exterior y se podrán mejorar las exportaciones.

Hasta aquí perfecto. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, ya que es posible que esta medida tenga un efecto escaso o nulo sobre la economía real. Como indicaba hace algunas semanas el economista Richard Koo en una entrevista para el diario El País, en Europa los particulares y las empresas no quieren pedir prestado, sino que quieren devolver sus deudas ante la incertidumbre que rodea a la economía. Por tanto, es probable que el dinero del BCE se quede en los mercados y no logre impulsar la actividad económica.

Lo que observamos aquí es que la política del BCE en este caso es necesaria, pero desde luego no es suficiente. Lo que necesita Europa en este momento es un plan de estimulo fiscal que acompañe al Quantitative Easing. Es necesario reactivar la demanda, porque sin demanda no habrá crecimiento y por tanto no se creará empleo. Bajo el papel parece que podremos mejorar nuestra competitividad y vender nuestros productos más baratos, pero no debemos olvidar que nuestros principales clientes usan nuestra misma moneda. Por tanto, en este caso la Comisión Europea debería subirse al carro y establecer un plan de inversiones amplio que ayude a reactivar la demanda.

Con todo, es cierto que estamos ante un hito sin precedentes. El BCE ha dejado a un lado su ortodoxia y parece decidido a intervenir en la medida de sus posibilidades para hacer algo. No obstante, este ente da una de cal y otra de arena. Esta misma semana hemos asistido a un órdago en toda regla al retirar la ventana de liquidez a los bancos griegos. Sin duda esta medida no va en consonancia con la anterior. Sembrar incertidumbre y dudas no ayudan a la estabilidad económica europea. Veremos si esta decisión no acaba por empañar la línea que iniciaba el BCE con el Quantitative Easing.

¿Incertidumbre con Grecia?

syriza ¿Incertidumbre con Grecia?

Hoy se celebran elecciones generales en Grecia y salvo sorpresa mayúscula parece que el partido encargado de gobernar será Syriza, que aspira incluso a hacerlo por mayoría absoluta. No se recuerdan unas elecciones del país heleno que hayan generado tanta expectación en toda Europa, pero teniendo en cuenta que el partido de izquierdas griego supone una novedad a la ortodoxia merkeliana, todos los focos se han puesto en el Estado donde se originó la democracia.

De hecho, las semanas previas a las elecciones hemos asistido a filtraciones interesadas sembrando el temor de que un triunfo de Syriza supondría la salida del euro de Grecia y que dicha circunstancia no sería tan grave. Se equivocan desde la Comisión Europea y en el gobierno alemán si entienden que una circunstancia de este calibre no supondría impacto para la maltrecha economía europea. No deberían olvidar lo que se conoce como riesgo sistémico, aquel que contagia a aquellos que parecen sanos y por el que un problema “pequeño” se acaba convirtiendo en un peligro mucho más grave. De hecho, así parecen haberlo entendido, puesto que en los últimos días se ha suavizado este discurso.

Esta circunstancia hay que enmarcarla en el laboratorio que Merkel, Comisión Europea y Eurogrupo tienen instalado en Grecia. Desde el inicio de la crisis de deuda europea a los griegos se les ha sometido a un durísimo ajuste sin la más mínima contemplación. Todo ello ha provocado el empobrecimiento de la sociedad griega sin solucionar el problema de deuda y finanzas existente. Basta con recordar que la deuda pública griega se ha disparado con los sucesivos rescates hasta el 170% del PIB. Mientras, la tasa de paro, los servicios públicos y el bienestar de los griegos se han ido deteriorando de forma paralela.

En este contexto surge Syriza una confluencia de partidos de izquierdas que para el lector español se asemejaría a una mezcla entre Izquierda Unida y Podemos. Con un discurso que se ha ido suavizando a lo largo del tiempo han puesto sobre la mesa que es necesario abandonar la austeridad ortodoxa e incluso plantean una reestructuración de la deuda que pueda incluir quitas.

Cabría preguntarse en este momento, ¿tiene margen Syriza para plantear estas demandas en Europa? Para responder tenemos que tener en cuenta que Grecia es una economía pequeña y que su peso en la Unión no es tan importante como el de otros países como Italia o España. Con esta situación las posibilidades de Syriza no son amplias si no consiguen alinear a Estados más potentes del lado de sus propuestas. Pero en cualquier caso, suponen una novedad y una alternativa para tratar de mejorar la situación griega. De hecho, muchas de sus propuestas son francamente razonables en un Estado que no deja de deteriorarse.

Además, Syriza puede significar el germen de que otra forma de hacer política económica en Europa es posible. Hasta ahora el establishment ha jugado la baza del miedo al desastre, pero deberían recordar que los que falsearon las estadísticas y generaron el desastre son sus colegas de Nueva Democracia (el análogo al Partido Popular español).

Con todo Syriza se enfrenta a un reto muy importante: conseguir que la política del miedo deje de ser eficaz y demostrar, que dentro de sus limitaciones, es posible ajustar las finanzas sin menoscabar aún más el bienestar de una sociedad que lleva siendo humillada desde el primer rescate.

A propósito del artículo 135 de la Constitución

constitucion espanola 300x200 A propósito del artículo 135 de la Constitución

 

Últimamente en cualquier tertulia televisiva que se precie o incluso en la mayoría de conversaciones de bar que buscan arreglar el país se hace mención a la que parece que es la principal raíz de nuestros problemas, el artículo 135 de la Constitución. De hecho, es un buen recurso cuando alguien nos da un golpe en forma de argumento. Cualquiera puede responder “ya, pero la reforma del artículo 135…” y entonces el equilibrio de fuerzas en la conversación vuelve a restablecerse. Sin embargo, deberíamos preguntarnos ¿tan importante es este precepto constitucional? ¿Es la fuente de todos nuestros males?

Para situarnos, tenemos que entender que el artículo 135 se incluyó en la Constitución Española en 1978 en forma de precepto técnico para incluir obviedades que después se desarrollarían en forma de ley orgánica. Básicamente, en la Carta Magna asegurábamos que seríamos unos chicos buenos, que pagaríamos nuestras deudas y que nuestro presupuesto estaría equilibrado. Hasta aquí bien, pero llegó el año 2011 y en plena incertidumbre sobre nuestra deuda pública al presidente Zapatero se le ocurrió la chapuza de reformar de forma precipitada la Constitución. Todo ello para incluir un matiz en este precepto estableciendo que el pago de la deuda y de sus intereses tendría prioridad absoluta.

Llegados a este punto el lector puede plantearse si de verdad era necesario incluir esa precisión en una ley de principios como es la Constitución. No vamos a entrar a valorar lo oportuno de la reforma ni a analizar si se pudo hacer de una forma aún peor. Sobre eso ya está todo dicho y escrito, pero es importante conocer la necesidad o no de tener un precepto así en la Constitución. Para ello tenemos que conocer la principal causa, que no es otra que la soberanía económica que tienen los estados. Dicho así puede parecer un concepto complejo, pero los Estados como sujetos soberanos tienen una prerrogativa que ningún particular posee, la posibilidad de no pagar sus deudas y que las consecuencias no pasen del reproche y de que los prestamistas no vuelvan a darle acceso al crédito. Es decir, mientras un particular ve atacado su patrimonio, el Estado bien automáticamente o cambiando algunas leyes no sufriría consecuencia alguna sobre sus bienes ante un impago de deuda.

Ante esto los Estados intentan parecer serios para que nadie deje de prestarles preventivamente. Por ello, se aseguran de que sus obligaciones en cuanto a la deuda pública son satisfechas e incluso incluyen normas con bastante rigidez para que los acreedores sepan que van a pagar. Ahí tenemos nuestro artículo 135. Queremos mandar un mensaje diciendo “oigan, somos serios y vamos a pagar, pero es que además nos vamos a obligar nosotros mismos”. Esto en un país que lleva impagando deudas desde Carlos I hasta el dictador Franco no es ninguna tontería. Pero con todo, bastaría otra reforma exprés o una modificación de una ley orgánica para que impagáramos y no sucediera nada.

Por tanto, ¿Cuál es la causa de que los partidos de izquierda se refieran con tanta virulencia a este artículo? La razón la tenemos en que muchos de estos partidos están olvidando su ideario para atacar al que parece nuestro mayor enemigo, el mercado financiero. Sin embargo, están dejando de lado lo principal. Lo que un partido progresista debería defender es tener un estado del bienestar que cuide de sus ciudadanos, unos servicios públicos eficientes y desde luego una sanidad y educación pública, universal y excelente. Esa es la clave del progresismo y para ello lo que se debe hacer es saber cómo financiarlo. Es decir, deberíamos decir estos son los servicios públicos que queremos y a los que no vamos a renunciar, pero además es que sabemos cómo financiarlos y no estamos dispuestos a impagar nada. Esto sería lo idóneo, pero claro es más difícil que decir que la culpa es de la reforma del artículo 135.

Cometería la izquierda española una gran error si sigue por ese camino, optar por el populismo fácil en lugar de diferenciarse del capitalismo de amiguetes que impera en nuestro país. Deberían olvidarse de que el mercado es el enemigo y centrarse en solucionar los problemas a los que nos enfrentamos. Al mercado le da lo mismo en qué nos gastemos el dinero si somos capaces de pagarlo. De esta manera, si frente a otros la izquierda defiende unos servicios públicos fuertes, centrémonos en definirlos y en dotarlos de mecanismos de financiación. Y sí, además podemos regular los mercados para solucionar las ineficiencias que presentan, pero identificando cuáles son nuestros verdaderos problemas y principales objetivos.

Siguiendo esa política los partidos progresistas conseguirían diferenciarse de forma seria frente a los partidos liberales o conservadores. Cerrarían de raíz que nadie los llamara populistas y podrían ofrecer a la sociedad una alternativa muy a tener en cuenta.

Un problema llamado desigualdad

163680 1.jpg Un problema llamado desigualdad

Últimamente desde diversos sectores nos están inundando con distintos datos para argumentar que “estamos saliendo de la crisis” y que la recuperación “tiene raíces vigorosas”. Es cierto que algunos indicadores, como el crecimiento económico, muestran una mejoría. Sin embargo, la economía se sirve muchas veces de las estadísticas y estas pueden presentarse para que muestren las conclusiones que previamente hemos determinado. Es bastante sencillo y basta con omitir otras variables que pueden provocar que nuestras conclusiones fallen.

En este sentido, aunque el crecimiento económico mejore levemente, tenemos otros factores que muestran que la economía no acaba de salir de su letargo. Sirvan de ejemplo la caída de las exportaciones, la tasa de desempleo o, la que es más importante, el incremento de la desigualdad. En este artículo nos vamos a centrar en esta última, ya que en muchos casos pasa desapercibida, pero es una de las más graves consecuencias que nos va a dejar la Gran Recesión.

La desigualdad es un problema económico que se puede definir como la disparidad fundamental que permite a una persona ciertas oportunidades materiales y se las niega a otra. Es decir, es una muestra de una incorrecta distribución de los recursos disponibles entre los miembros de una sociedad. En este punto, debemos indicar que una igualdad extrema no es positiva debido a que entonces los individuos de la sociedad no tendrían incentivos y el crecimiento económico colapsaría. Sin embargo, un incremento en la desigualdad en un Estado puede llevar a problemas en el crecimiento económico en un medio plazo y sobretodo puede desembocar en un problema de conflictividad social.

Para medir la desigualdad se utilizan diferentes indicadores. El más famosos es el conocido como Índice de Gini, que si bien es imperfecto y tiene sus limitaciones, nos puede ayudar a tener una idea sobre cómo evoluciona esta variable económica. Para que todos podamos entendernos un índice de Gini igual a 0 mostraría una situación en las que todas las personas tendrían la misma renta. En cambio si la variable tomara valor 1 estaríamos en una situación en la una sola persona asumiría todos los recursos disponibles

Una vez definido el concepto e  indicada una de las formas para medirlo, es momento de remitirnos a los datos. De acuerdo con los datos comparativos publicados por Eurostat en 2014 el índice de Gini en España ha pasado de 0.31 en 2006 hasta 0.35 en 2012. Esto convierte a nuestro país en el segundo más desigual de la UE por detrás de Letonia (0.357) y por delante de países como Portugal, Grecia o Irlanda que han sufrido rescates mayores que el nuestro.

¿Cuál es el motivo de que la desigualdad haya aumentado más en España que en otros países? En primer lugar tenemos que referirnos a las bajadas salariales que se han producido desde el inicio de la crisis. Estos descensos han afectado más a las clases más bajas lo que ha provocado que la brecha aumente. Además, nuestra elevada tasa de desempleo ha contribuido en mayor medida a esta tendencia. Tampoco debemos olvidar aspectos como el coste de la vida que hasta fechas recientes ha seguido subiendo. Por último, la política fiscal tampoco ha ayudado. Tenemos que recordar que desde 2010 hemos sufrido dos subidas del IVA que es un impuesto regresivo y que sufren más aquellos que menos renta tienen. Todos esos factores han provocado que la brecha de la desigualdad haya incrementado en estos años.

Vistos los problemas, también tenemos una ligera idea sobre por dónde deberían ir las soluciones. Es necesario que el Gobierno mejore un sistema tributario para recaudar más y mejor, sin ahogar a las clases bajas y medias. Con esa reforma y el aumento de los recursos disponibles se podría establecer un sistema de transferencias que mediante el gasto público ayudara a redistribuir la renta. Del mismo modo, mientras el empleo no mejore en cantidad y calidad la desigualdad seguirá siendo un problema. Aunque el Ejecutivo de Rajoy presuma de que se ha roto la tendencia de destrucción de empleo, lo cierto es que ahora el empleo está más troceado. La gente trabaja uno o dos días a la semana y en algunos casos unas pocas horas. Así desde luego es difícil mejorar el bienestar de nuestra sociedad.

Por último para acabar, aunque las soluciones desde un punto de vista teórico estén claras, es difícil que el Gobierno se ponga las pilas para contribuir a llevarlas a cabo. Tenemos que recordar que la reforma fiscal propuesta es un parche electoralista que no soluciona los problemas de esfuerzo y recaudación existentes. Además, nuestros representantes viven en una burbuja y prefieren agarrarse a los indicadores que les interesan antes que centrarse en mejorar la situación económica. Quizá les sirva para ganar unas elecciones, pero desde luego no habrán cumplido la obligación para la que fueron elegidos.

Improvisación fiscal

deuda Improvisación fiscal

El pasado viernes conocíamos el denominado por el Gobierno anteproyecto de ley de Reforma Fiscal. Los puntos maestros de la propuesta son: reducción de los tramos del IRPF de 7 a 5; reducción del tipo de gravamen general del impuesto de sociedades del 30 al 28 y 25 % para los años 2015 y 2016; y mantenimiento con pequeños matices de los bienes y tipos de gravamen en el IVA.

Esta rebaja fiscal, está lejos del documento que elaboró el Comité de Sabios hace ya algunos meses y supone, según el Gobierno, un ahorro para los contribuyentes de 9.000 millones de euros.

Bajo este contexto nos hemos propuesto analizar los efectos macroeconómicos que puede tener un propuesta de este tipo. Concretamente, nos centraremos en aspectos como: la recaudación fiscal, el crecimiento económico, el consumo o el empleo.

Para comenzar este análisis tenemos que partir de las premisas que utiliza el Ejecutivo para justificar que la supuesta rebaja es beneficiosa para la economía. En este sentido, el razonamiento es que al bajar los impuestos, los ciudadanos verán incrementada su renta disponible. De esta manera, decidirán aumentar la proporción de renta que dedican al consumo. Como el consumo es uno de los principales componentes del PIB (lo que conocemos como “Economía”), este incremento se traducirá en crecimiento económico. La consecuencia final sería que el crecimiento económico mejoraría la recaudación (los ciudadanos deciden gastar más y el Estado recauda más por ello) y el empleo debido al aumento de la demanda de los consumidores. Hasta aquí perfecto ¿verdad? El razonamiento simplista que Laffer hizo en una servilleta y que lleva a los liberales a aseverar que las bajadas de impuestos incrementan la recaudación solucionaría todos nuestros problemas.

Sin embargo, como siempre, la teoría económica se enfrenta a los datos que nos ha dejado la evidencia empírica. En primer lugar, el aumento de la renta disponible de los ciudadanos no lleva per se a un incremento en el consumo. Tenemos que tener en cuenta que las familias aún tienen temor de perder su empleo y además están considerablemente endeudadas. Por tanto, no parece descabellado que los contribuyentes decidan utilizar el posible aumento de su renta para ahorrarlo o para reducir parte de su deuda. Quiere decirse, que no es tan probable que la reducción de impuestos lleve consigo un aumento del consumo.

Por otro lado, tenemos que referirnos a la recaudación. El gobierno espera que la rebaja de impuestos no lastre la recaudación debido al incremento de la actividad. Para ello, se basan en el argumento de la Curva de Laffer (subidas de impuestos pueden reducir la recaudación y bajadas de impuestos pueden mejorarla). Sin embargo, este argumento tampoco resiste a las matemáticas. Si echamos la vista hacia atrás, podemos observar que las subidas de impuestos, concretamente del IVA, realizadas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy llevaron a un incremento importante de la recaudación. Es decir, el argumento de Laffer falló en esta ocasión y el motivo no es otro que la elasticidad de la demanda de los consumidores. ¿Qué significa esto? Los consumidores no cambian sus hábitos de consumo porque les subamos/bajemos los impuestos, sobre todo si nos referimos a productos que necesitan para su vida diaria. Si antes de una subida necesitaban comprar una barra de pan, lo seguirán haciendo después del incremento de los impuestos. Será la proporción de renta que dediquen al ahorro aquella que se verá modificada.

Con estos razonamientos lo que buscamos reseñar es que la recaudación se va a resentir. Teniendo en cuenta que el gobierno aún necesita ajustar su presupuesto para cubrir los objetivos de déficit público, las cuentas no salen. ¿De dónde van a sacar los 9.000 millones que dejarán de recaudar en los años 2015 y 2016? ¿Habrá reducciones adicionales de gasto que no nos están anunciando?

La respuesta a estas preguntas es pura especulación, pero demuestra que el Gobierno ha decidido centrarse ahora en lograr que los ciudadanos perciban que les están bajando los impuestos. Poco importa ya cuadrar las cuentas teniendo en cuenta que existe riesgo de perder poder político. Con todo, el Gobierno se va a enfrentar a otro problema. La Comisión Europea ya ha anunciado que esta rebaja fiscal no estaba dentro del programa que España tuvo que enviar a Bruselas para justificar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad. Por tanto, no sería raro que el recorte de impuestos sea vetado por la UE.

Parece que una vez más, el Gobierno prefiere jugar al corto plazo. Lejos de afrontar la principal reforma que necesita nuestro país prefiere centrarse en sus intereses electorales. Lo que tocaba ahora es reformar un sistema fiscal que pide un enorme esfuerzo a los ciudadanos, pero que después resulta ineficiente si hablamos en términos de recaudación. Seguro que el país y la economía se lo agradecían.

La propuesta de reforma fiscal: IRPF e IVA

montoro 0 300x200 La propuesta de reforma fiscal: IRPF e IVA

Esta semana se conocía el informe de los 9 expertos encargado por el ministro Montoro para que realizaran una propuesta de reforma fiscal. El informe, como su presidente indicaba, “no deja títere con cabeza” en el sistema fiscal e incluye propuestas para cada uno de los tributos existentes así como la creación de nuevas figuras tributarias.

Antes de entrar a realizar un análisis de los principales puntos de dicha propuesta, tenemos que decir que estamos ante un estudio que supone una reestructuración fiscal. Esto es, no se trata de una bajada de impuestos como desde algunos sectores se pretende vender, sino que lo que se busca es mejorar la eficiencia del sistema tributario para lograr una mejor recaudación. Este aspecto, que es indispensable como hemos defendido en estas páginas, es el que prima por encima de otros factores que suelen caracterizar a los sistemas tributarios: progresividad, equidad, justicia… A continuación explicamos por qué.

En primer lugar vamos a centrarnos en la figura impositiva más importante, el IRPF. Para este impuesto los expertos proponen: subir el mínimo exento,  reducir los tramos impositivos, acabar con algunas deducciones (entre ellas la de vivienda habitual) y establecer un tipo marginal máximo del 50 % (superior al que se encontró Rajoy cuando llegó al gobierno).

Si analizamos estas las medidas tenemos que decir que existen algunas muy positivas como el aumento del mínimo exento. Este actualmente se encuentra en 5151 euros y lleva tiempo sin actualizarse de acuerdo al IPC. Para que todos lo entendamos este mínimo es lo que el legislador entiende por imprescindible para asegurar la subsistencia de cada individuo. Es cierto que estamos simplificando enormemente porque esta cantidad no es que se entienda por no percibida. Es decir, que forma parte de la base imponible del impuesto, pero la cuota tributaria correspondiente a dicho mínimo se restará del total de IRPF que cada individuo deba pagar. Con todo, como decíamos es importante actualizar esta cantidad para dejarla acorde al nivel de los precios y de la vida existente actualmente. Lo mismo ocurre con la eliminación de deducciones incluyendo la que más chirría, la  existente por adquisición de vivienda habitual. Este es un aspecto que se debía haber ejecutado hace mucho tiempo debido a que el IRPF está plagado de deducciones poco entendibles que provocan que quien lleve a sus hijos a un colegio privado, tenga un seguro sanitario privado o una vivienda en propiedad pague menos impuestos que otro. ¿A ustedes esto les parece equitativo? El impuesto debería gravar la obtención de renta de modo genérico con independencia de los gastos de cada individuo. Además deducciones como la de adquisición de la vivienda habitual únicamente han provocado que se encarezcan los precios y se fomente el endeudamiento. Sin embargo, esta propuesta del comité de expertos parece que quedará en papel mojado. La vicepresidenta del Gobierno ya dejó entrever el viernes que no todas las ideas de este grupo van a ser asumidas por el gobierno y el supuesto coste electoral de esta parece que acabará primando. Se equivocará una vez más el Gobierno si una de las consideraciones más interesantes no la asumen en su reforma fiscal.

Por otra parte, una medida muy relevante en relación al IRPF es la limitación del régimen de módulos o lo que se conoce como estimación objetiva de los rendimientos de actividades económicas. Para aquellos que no estén familiarizados con la nomenclatura fiscal, se trata de un método previsto para pequeños negocios como bares, tiendas… mediante el cual se tributa por indicios. Por ejemplo, se tiene en cuenta para estimar los rendimientos los metros cuadrados, el número de empleados, las mesas del local… Este forma de estimación que buscaba simplificar las obligaciones fiscales a los pequeños empresarios, se ha convertido en un foco de fraude fiscal y una forma eficiente de blanquear dinero. Los expertos proponen limitarla y como decimos representa una propuesta muy positiva en la lucha contra el fraude que permitiría aflorar dinero de la economía sumergida.

Si recapitulamos lo visto hasta ahora podemos decir que nos encontramos ante un posible bajada del IRPF. Y sí, estamos en lo cierto, aunque se eliminaran deducciones, la simplificación de los tramos y el incremento del mínimo exento supondrían una bajada de este impuesto. Pero si recuerdan al principio del artículo dijimos que estábamos ante una reestructuración fiscal, por tanto, si la carga de este impuesto se alivia tendrá que incrementarse el esfuerzo de los ciudadanos a través de otro impuesto. Aquí es momento de referirnos a otro impuesto estrella, el IVA.

Todos recordamos la subida del IVA del Gobierno de Rajoy que incrementó el tipo general al 21 % y el reducido hasta el 10 %. Además algunos bienes pasaron de estar sometidos al tipo reducido a ser sometidos al tipo general (por ejemplo, los espectáculos culturales). En este caso la propuesta del comité de expertos va unida a una idea, la devaluación fiscal. En este blog analizamos hace tiempo esta idea, pero recapitulando diremos que una devaluación fiscal consiste en conseguir abaratar las exportaciones para lograr competitividad. Esto se consigue en dos frentes, por un lado incrementamos el IVA de nuestros productos, que estarán exentos en el momento de la exportación. Por otro lado, reducimos las cargas sociales de los empresarios. De esta forma el factor trabajo se hace más barato y logramos incrementar la productividad. Esto es muy interesante, si no fuera porque estamos empobreciendo a los ciudadanos. Pero centrémonos en la propuesta para el IVA del comité de expertos. En este caso, la propuesta gira en torno al trasvase de productos del tipo reducido del 10 % al tipo general del 21 %. Se busca dejar en el tramo reducido sólo los bienes y servicios relacionados con el turismo, la hostelería y la vivienda. El resto, entre los que se encuentran productos y servicios que son de primera necesidad para muchos ciudadano (por ejemplo las gafas y lentillas) quedarán sometidos al tipo general del 21 %. Aquí es donde encontramos el principal rasgo que se busca con la reforma, mejorar la recaudación. Existe una evidencia empírica de que el IVA es el tributo que permite incrementar la recaudación de forma más fácil. Así sucedió con las subidas realizadas por Zapatero y Rajoy. No ocurre lo mismo en el IRPF y más en un contexto con un 25 % de paro.

La conclusión que podemos sacar hasta ahora es que reducimos el impuesto más progresivo (pagan más lo que más tienen) e incrementamos el impuesto regresivo por excelencia. Es decir, el que afecta a las clases más desfavorecidas. Por tanto, mejoraremos la recaudación, algo muy necesario, pero provocaremos que la carga recaiga en los sectores más desfavorecidos y que dedican una mayor parte de su renta  a consumir.

En el próximo capítulo analizaremos el resto de figuras impositivas que se ven afectadas por la propuesta de reforma.

Continuará…

La tarifa plana de 100 euros, ¿una medida eficiente?

tn parados 300x200 La tarifa plana de 100 euros, ¿una medida eficiente?

Recientemente se ha celebrado el Debate sobre el estado de la Nación, este evento supone el acontecimiento más importante del ejercicio político en tanto se repasan los punto más importantes que marcan la agenda política. En estos eventos, los presidentes del gobierno aprovechan para incluir alguna “medida estrella” que les ayude a llevar la iniciativa del debate. Lo hizo el presidente Zapatero con el famoso “cheque bebé” y en esta ocasión le ha tocado a Rajoy con la denominada tarifa plana de 100 euros para la Seguridad Social de los contratos indefinidos.

Nuestro propósito en este artículo es realizar un análisis desde un punto de vista económico de esta medida. En primer lugar, comenzaremos explicando que la propuesta consiste en una reducción de las cotizaciones sociales para nuevas contrataciones de carácter indefinido realizadas en lo que queda de 2014. Siempre con el requisito de que mantengan el empleo neto dentro de la empresa durante al menos tres años.

Llegados a este punto tenemos que centrarnos en el coste la propuesta. A priori, si la realización de nuevos contratos va a suponer que las empresas abonen de forma genérica una cotización de 100 euros por trabajado podemos asegurar que las arcas de la Seguridad Social se van a resentir. Es decir, se va a dejar de ingresar una cantidad esperada que según el gobierno se compensaría por el aumento de nuevos contratos de trabajo. Esto es, aplicamos la teoría de la “Curva de Laffer” a las cotizaciones sociales. Sin embargo, parece precipitado realizar un análisis tan rápido. Más si cabe cuando las arcas de la Seguridad Social no se encuentran en su mejor momento, ya que el Gobierno ha tenido que recurrir al fondo de reserva (que también recibió en herencia) para hacer frente al pago de prestaciones sociales a lo largo de 2013. Es más, el propio Gobierno ha reconocido que la recaudación social necesita mejorar al incluir beneficios sociales como los tickets restaurante dentro de la base de las cotizaciones. Por este motivo, la medida parece contradictoria con la política marcada hasta ahora. Además, se hace necesario que el Ejecutivo explique el coste económico y cuál es la previsión de nuevos contratos indefinidos para compensar la pérdida de fondos de la Seguridad Social. De lo contrario podríamos entender que estamos ante una medida sin contenido serio que sólo busca dar titulares.

Dejando a un lado el coste de la medida deberíamos preguntarnos si con esta medida se va a mejorar la empleabilidad indefinida. Para tratar de dar una respuesta a este tema tenemos que referirnos a un dato importante: la temporalidad de la propuesta. Como comentábamos al inicio del artículo, la medida se va a extender durante 3 años. Por ello, lo más probable es que las empresas recurran a incrementar la contratación indefinida teniendo en cuenta la tarifa plana durante este tiempo. Posteriormente, a los 3 años cuando el coste social se incremente se plantearán si necesitan o no al trabajador y teniendo en cuenta la subvención que han obtenido podrán abaratar el despido si les resulta beneficioso. Es decir, que realmente lo que conseguimos con esta medida no es luchar contra la temporalidad, sino realizar una subvención a la empresa por si considera necesario prescindir del trabajador dentro de 3 años. Podemos llamar al tipo de contrato como queramos pero al final en el momento de asegurar la permanencia del trabajador en la empresa nos remitiremos al coste/beneficio. Alguien podría pensar que el que escribe es muy mal pensado, pero vivimos en el país de la picaresca y basta con repasar cómo han funcionado las subvenciones al empleo en los últimos años.

No vamos a entrar a analizar el vacío que deja la medida para que la empresas utilicen el fraude para aprovecharse de la tarifa plana. De ese tema se ha escrito demasiado estos días. Lo que si nos gustaría es dejar patente que la medida no es propia de un Ejecutivo que busque realizar una política de empleo seria. Teniendo en cuenta la pluralidad de contratos o la posibilidad de tener en pruebas a una trabajador y prescindir de él sin motivo alguno, que ahora se busque incentivar la empleabilidad indefinida con una tarifa plana suena a tomadura de pelo. Si al Gobierno le interesa acabar con la dualidad del mercado de trabajo español puede empezar eliminando todos los contratos y estableciendo un contrato único con indemnización por despido progresiva. Así evitaremos posibles fraudes y sentaremos las bases de un mercado de trabajo con igualdad de derechos. Posteriormente, podríamos utilizar el dinero que costará la tarifa plana para reciclar a los desempleados en situaciones más complicadas y tomar partido para que el crédito fluya entre las empresas. Estas medidas serían más eficientes para mejorar la temporalidad y el incremento de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, con esto nos costará algo más mejorar las estadísticas que al final es lo que importa.

Presión fiscal vs esfuerzo fiscal

montoro 0 300x200 Presión fiscal vs esfuerzo fiscal

Seguramente habrán oído en numerosas ocasiones a algún ministro de Hacienda o a algún político hacer referencia al concepto de presión fiscal para justificar algún incremento de impuestos. Pero ¿qué significa ese concepto? Hoy nos proponemos analizar dos términos que debemos tener en cuenta para analizar un sistema fiscal: presión fiscal y esfuerzo fiscal.

El primer concepto, el más utilizado por los políticos, se calcula dividiendo la recaudación fiscal (incluyendo las cotizaciones sociales) entre el PIB. Es decir, nos da como resultado el porcentaje que supone la recaudación pública sobre el conjunto de la economía. Nada tiene que ver con la presión que soportan los ciudadanos desde el punto de vista de los impuestos. Sin embargo, nuestros dirigentes utilizan este término para justificar subidas de impuestos o para defender que durante su mandato “ha bajado la presión fiscal de los ciudadanos”.  Sobre este término existe mucha demagogia, ya que viendo cómo se calcula podemos asegurar que la presión fiscal tiene poca relación con subidas o bajadas de impuestos, sino más bien con la caída de la recaudación, el ritmo de crecimiento de la economía y la existencia de fraude fiscal.

Para analizar la cantidad de renta que los ciudadanos tienen que aportar al sostenimiento de los gastos públicos tenemos que referirnos al esfuerzo fiscal. Esta variable compara de forma más tangible cuanto porcentaje de su renta dedican los individuos al pago de tributos. Es cierto que su cálculo suscita bastante controversia entre la doctrina económica, pero una forma de aproximarse a su cálculo es utilizar el Índice de Frank. Se trata de un cálculo sencillo para el cual se debe dividir la presión fiscal por la renta per cápita de un país.

Conociendo los conceptos, ya podemos analizar los datos existentes para nuestro país y compararlo con nuestro entorno. La presión fiscal en España se sitúa en el 32,9 % con respecto al PIB, una cifra que está por debajo de la media de los países de la OCDE que se encuentra en el 34,6 % (según datos de Eurostat). Por su parte, los datos de esfuerzo fiscal se colocan en el 40 % y tenemos el dudoso honor de ser los campeones de la Eurozona. Estas cifras nos ofrecen la conclusión de que nuestro sistema fiscal no es eficiente. Tenemos el esfuerzo fiscal más alto de los países de nuestro entorno, pero después ese dato no se traduce en una buena recaudación. Es decir, exprimimos a nuestros ciudadanos desde el punto de vista impositivo, pero después su renta se pierde por el camino.

¿Cuáles son los motivos? En primer lugar, el mal reparto de dicho esfuerzo fiscal. Tenemos un sistema fiscal plagado de deducciones que provoca que los trabajadores acaben pagando más impuestos que las empresas del IBEX-35. Además, como en los años 80-90 ligamos de forma pronunciada nuestros ingresos públicos al ciclo económico una recesión económica como la actual se lleva por delante el esfuerzo exigido a los ciudadanos.

Todos estos datos, evidencian una vez más que es primordial realizar una reforma fiscal seria y profunda. Tenemos que acabar con un sistema que exprime al ciudadano medio y que después no da los frutos esperados. Para ello, lo primero que debería hacer el gobierno es acabar con las deducciones que plagan nuestros impuestos y rebajar los tipos de gravamen. A partir de ahí hay mucho trabajo para mejorar la equidad de los impuestos. Sin embargo, partiendo de una simplificación de los impuestos e incrementando la lucha frente al fraude fiscal conseguiríamos reducir el esfuerzo que exigimos a la ciudadanía y mejoraríamos la eficiencia de nuestro sistema aumentando la recaudación.

pixel Presión fiscal vs esfuerzo fiscal

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